Únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada.

Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la LSP y en el resto del ordenamiento jurídico.

   

Las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades:

• Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
• Protección de personas determinadas, previa autorización correspondiente.
• Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras. También referido a la custodia, los transportes y la distribución de explosivos.
• Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior.
• Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
• Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de señales de alarma y su comunicación a las FCS, así como la prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea competencia de dichas fuerzas.
• Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad.

Son de carácter privado las empresas, el personal y los servicios de seguridad, cuyas actividades tienen la consideración legal de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de los servicios o actuaciones en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación.

Cuando los funcionarios policiales competentes observaren la prestación de servicios de seguridad privada o la utilización de medios materiales o técnicos que puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana, suspenderán su prestación, debiendo tal decisión ser ratificada por el Secretario de Estado de Seguridad o por los Subdelegados del Gobierno en el plazo de setenta y dos horas.

En ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de información e investigación propias de los detectives privados.